La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el cambio de medida cautelar para el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no suspende ni modifica el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.
El pasado 25 de septiembre, un juez de control determinó que la prisión preventiva oficiosa impuesta al exmandatario se cumpla en su domicilio, luego de que su defensa argumentó que es adulto mayor y presentó dictámenes relacionados con una cirugía y otros padecimientos.
Luego de que Ernesto «N» abandonó el Centro Federal de Readaptación Social «EI Altiplano» al determinarse que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue ordenada, se cumpla en el domicilio del justiciable por razones humanitarias, la Fiscalía General de la República (FGR) señala:
Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios.
Como lo hemos señalado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los delitos que se le imputan a Ernesto «N», como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal (MPF).
Cabe recordar que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual el imputado Ernesto «N» es uno de los principales socios.
En ese sentido, la indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, que establecieron que la empresa de la cual es accionista Ernesto «N» presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.
La Fiscalía General de la República reitera su respeto absoluto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal.
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