La Fiscalía General de la República (FGR) podrá utilizar 15 pruebas contra los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, señalados por su presunta participación en operaciones financieras relacionadas con 800 millones de pesos de Segalmex.
De acuerdo con publicación del diario Reforma, la investigación por el manejo irregular de recursos de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) alcanzó a empresarios externos al organismo, luego de que un tribunal confirmó la cancelación del amparo promovido por René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz.
Los empresarios buscaban excluir del expediente judicial un total de 15 elementos de prueba que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideran relevantes para sustentar la acusación en su contra.
El material incluye siete testimonios, siete documentos y un peritaje, entre los que destaca una opinión de delito elaborada por Hacienda. Dicho documento concluye que existen elementos para continuar con acciones legales contra los empresarios.
Tribunal mantiene las pruebas dentro del proceso
La resolución judicial determinó que los Dávila todavía podrán controvertir la validez de las pruebas, aunque esa discusión deberá realizarse en una etapa procesal posterior, incluso después de un eventual juicio y la emisión de una sentencia.
Por ahora, los tribunales determinaron que la incorporación de estos elementos al expediente no representa una vulneración a los derechos fundamentales de los acusados.
Con esta decisión, la FGR mantiene abierta la posibilidad de utilizar las pruebas durante el proceso penal relacionado con la colocación de recursos públicos en instrumentos financieros privados.
¿Cómo fueron utilizados los 800 millones de Segalmex?
De acuerdo con la investigación ministerial, entre febrero de 2019 y junio de 2020, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), cuyos accionistas son los Dávila, habría recibido de manera irregular 800 millones de pesos provenientes de Segalmex.
El dinero habría sido destinado a la adquisición de bonos privados de deuda, instrumentos que ofrecían un rendimiento anual de aproximadamente 11 por ciento.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación, los valores financieros estaban respaldados por fideicomisos que carecían de activos suficientes y que habían sido constituidos previamente por compañías relacionadas con los empresarios.
La investigación también señala que dichos fideicomisos no contaban con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Recursos públicos terminaron en certificados privados
La ruta del dinero forma parte central de la investigación de la FGR. Según la acusación, los recursos fueron transferidos por Segalmex a un fideicomiso identificado como CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi.
La operación permitió que los recursos públicos fueran colocados posteriormente en el mercado mediante certificados privados.
La autorización para utilizar los recursos habría sido otorgada por René Gavira Segreste, quien en ese momento se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.
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