De acuerdo con registros judiciales, la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso un recurso de queja contra la medida cautelar decretada por Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con lo que de esa manera se impugnó la suspensión provisional que un juez federal otorgó a la senadora Xóchitl Gálvez, la cual ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstengan de realizar manifestaciones “con malicia” contra la aspirante presidencial del Frente Amplio por México.
Ante esta situación, el juzgador ordenó remitir la impugnación a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual deberá emitir una decisión en un plazo de 48 horas.
“Por recibido el oficio signado electrónicamente por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el que interpone recurso de queja contra el auto de 4 de agosto del año en curso, en que se concedió la suspensión provisional…”, señala el acuerdo.
El juez Adolfo Santos dio entrada a la demanda de garantías de Xóchitl Gálvez y ordenó al presidente López Obrador y a otras autoridades evitar transmitir, a través de las cuentas oficiales de Twitter, cualquier discurso de odio hacia la quejosa.
También ordenó eliminar de sus cuentas de Twitter, YouTube, Facebook y del programa La Mañanera, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales en los que aluden a la quejosa.
Santos Pérez dejó claro que no se está privando a la sociedad de acceder a información sobre Gálvez Ruiz, que provenga de agentes diversos a la Presidencia, sino que el caso en litigio se refiere a una persona que defiende su derecho al honor, la dignidad y la vida privada, frente a un ente del Estado que difunde información que legamente tendría que estar resguardada.
Xóchitl Gálvez promovió el amparo el pasado 18 de julio contra las declaraciones que hizo el titular del Ejecutivo Federal, quien en la conferencia mañanera presuntamente le imputó hechos y realizó calificaciones, que según la quejosa violentan sus derechos humanos.
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