Un juez de Distrito en Materia Administrativa dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para informar sobre las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar el impacto de COVID-19 en el regreso a clases presenciales.
La medida se aplica derivado del amparo promovido por el Movimiento Educación con Rumbo que busca que se garantice los derechos humanos y la salud de los niños de primaria y secundaria.
Dicho amparo fue interpuesto en el Juzgado Noveno de Distrito por la organización misma, que recurrió a esta medida debido a que las autoridades educativas han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas ante la variante Delta del COVID-19.
Este jueves, el Gobierno de México indicó que durante el próximo ciclo escolar que comenzará a finales de agosto habrá clases presenciales aunque el semáforo epidémico esté en color rojo (máximo riesgo).
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