El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que, dentro de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades que correspondan.
En un comunicado, el instituto sostiene que la decisión responde exclusivamente a su obligación de cuidar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. El INE subraya que actuará sin hacer distinciones entre personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión, y reitera su compromiso con la rendición de cuentas.
El organismo electoral afirma que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de los recursos destinados a sus funciones constitucionales. Con ello, el INE busca enviar un mensaje de apertura en medio de la presión pública por el manejo de sus contrataciones.
El comunicado no menciona nombres de personas ni de empresas, ni detalla los hechos concretos que serán materia de investigación. Será la FGR la que determine si existen elementos para abrir una indagatoria y, de ser así, a quiénes alcanzaría.
Guadalupe Taddei y su polémica como titular del INE
La denuncia llega después del escándalo por presuntas contrataciones millonarias a proveedores de papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como por supuestos vínculos entre excolaboradores del instituto y proveedores. Cabe recordar que Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 25 de octubre y que la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló esta semana cuentas de empresas y personas vinculadas con proveedores electorales. Todos estos señalamientos son presuntos y no constituyen una acusación formal ni una sentencia.
Mientras avanzan las investigaciones, el INE debe continuar con la organización de las elecciones intermedias de junio de 2027. La denuncia ante la FGR abre ahora una nueva etapa en la que las autoridades deberán determinar si hubo irregularidades y quién tendría que responder por ellas.
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