El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha intensificado su presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum para que procese a políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Según la agencia Reuters, las solicitudes se han planteado en al menos tres reuniones bilaterales de alto nivel desde febrero pasado.
Funcionarios estadounidenses presionan a México por vínculos con cárteles, exigiendo extradiciones y juicios contra miembros del partido Morena. La administración Trump ha advertido incluso con imponer nuevos aranceles si el gobierno mexicano no responde a estas demandas.
De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, en las conversaciones han participado el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general estadounidense Pam Bondi y representantes de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro. Del lado mexicano, estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, el fiscal Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El punto de quiebre ha sido la creciente preocupación de Estados Unidos por la presunta protección que el Estado mexicano brinda a políticos involucrados con los cárteles. “Una ofensiva como la que se está solicitando marcaría una escalada sin precedentes”, reveló un funcionario mexicano bajo anonimato, citado por Reuters.
Presionan a México por vínculos con cárteles en el contexto de la cancelación de visas a figuras políticas. Entre ellas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien reveló recientemente que ella y su esposo fueron notificados de la revocación de sus visas de turista por parte de Estados Unidos. Aunque no se han especificado los motivos, se presume que forman parte de una lista informal que Washington maneja como parte de sus investigaciones.
Aunque la Fiscalía General de México es constitucionalmente autónoma, la administración de Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones su independencia efectiva frente a los intereses partidistas. Perseguir a políticos en funciones es una línea roja en México, pero los funcionarios estadounidenses están empujando para que se crucen ciertos límites si hay pruebas de narcocorrupción.
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