Por considerarla improcedente y carente de interés legítimo, el Senado de la República no promoverá ninguna controversia constitucional contra el Acuerdo presidencial en materia de obras públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 22 de noviembre pasado.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter: “Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”.
La Ministra en retiro arguyó que la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en su opinión, “es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”.
Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. 1/4 pic.twitter.com/C0UILr7l4B
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
Sánchez Cordero consideró que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
“La presidencia del Senado representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”, concluyó.
La Mesa Directiva sometió a análisis y consulta jurídica la petición de 53 senadores para interponer controversia constitucional en contra del Acuerdo del Ejecutivo federal.
La petición que los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y del Plural entregaron a Olga Sánchez Cordero, en términos de la representación legal que ostenta, fue para interponer esta figura en contra del acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. La Ministra en retiro quiso tener una opinión jurídica de su órgano jurídico con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional.
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