La Cámara de Diputados dio un paso decisivo en la construcción de un nuevo marco legal para combatir uno de los delitos de mayor crecimiento en el país. Con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, legisladores federales aprobaron este martes la creación de la Ley General en materia de Extorsión, una normativa que endurece las sanciones y unifica criterios a nivel nacional. El dictamen, que ya había sido modificado por el Senado, fue ratificado en lo general y en lo particular y ahora se dirige al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La nueva legislación incorpora una definición más amplia del delito e introduce reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a leyes relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y la operación del Poder Judicial. Con ello, las autoridades buscan eliminar lagunas jurídicas que permitían criterios dispares entre entidades, lo que dificultaba la persecución del delito.
Entre los cambios principales se establece que toda persona que obligue a otra a entregar, hacer o tolerar algo para obtener un beneficio, o para generar un daño patrimonial, moral, físico o psicológico, enfrentará de 15 a 25 años de prisión. Asimismo, se incrementan las penas —entre 5 y 12 años adicionales— cuando la extorsión se realice a través de medios electrónicos, una modalidad que ha registrado un aumento sostenido en los últimos años.
El uso de armas reales o simuladas será otro agravante, con sanciones que van de 7 a 17 años. Para servidores públicos involucrados en actos de extorsión, las condenas oscilarán entre 10 y 20 años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, al cierre de 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas en el país, una cifra que impulsó al gobierno federal a promover esta reforma, enviada el 20 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué busca resolver la homologación de la extorsión en todo el país?
La unificación legal pretende evitar contradicciones entre estados, estandarizar las investigaciones y fortalecer la capacidad institucional para enfrentar redes criminales, cerrando los vacíos que facilitaban la impunidad y dificultaban la aplicación de justicia en este delito de alto impacto.
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