Ante el presunto espionaje en contra del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, por medio del sistema Pegasus, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció y aseguró que no hay elementos que acusen la autoría del gobierno federal.
Al lamentar los trascendidos respecto al presunto espionaje contra el funcionario, el organismo nacional sostuvo que este mismo año se inició una investigación por presunto espionaje en contra de personas que participan en Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, sin encontrarse por esta Comisión Nacional elementos que presuman que el gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje.
“Por lo mismo, sería importante esclarecer quién o quiénes estarían ejerciendo este tipo de prácticas, a todas luces condenables e inadmisibles en un Estado democrático, pero sobre todo a qué intereses sirven, por lo que llama muy respetuosamente a los involucrados a aportar todos los elementos con que cuenten para que se trasciendan las especulaciones y se investigue debidamente”, indicó.
La Comisión llamó la atención sobre el hecho de que pudieran estarse dando este tipo de prácticas, no solamente contra un alto funcionario gubernamental sino contra cualquier ciudadano, y declaró que desde hace varios meses ha estado investigando el espionaje en el país, y en particular sobre el sistema llamado Pegasus.
Recordó que esta Comisión Nacional integró un expediente en atención a la queja presentada por personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la que argumentaron que, entre los años 2015 y 2016, fueron objeto de intentos de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de mensajes de texto “maliciosos”, que incitaban a presionar dominios que fueron identificados por una organización como causantes de la infección por el sistema Pegasus, emitiéndose como consecuencia la Recomendación General 47/2022, a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por la ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional: su impacto en la libertad de expresión, el derecho a defender los derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del Estado mexicano.
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