Siguen los dimes y diretes entre los actores principales y encargados de esclarecer la verdad sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y ahora, Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, denunció que el Poder Judicial le prohibe “decir la verdad” sobre la participación del ex director de la extintaAgencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, autor de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en material administrativa de la Ciudad de México al Señor Tomás “N” en donde se me prohibe decir la verdad”, declaró este miércoles durante la presentación del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Encinas detalló que se le otorgó una suspensión provisional a Tomás Zerón para que las autoridades “se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales sociales mediante las que se afirme sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso sosteniendo que es un torturador”.
Sin embargo, aseguró que la Comisión que encabeza continuará con las pesquisas a pesar de lo que calificó como “acoso judicial”.
“Seguiremos trabajando por la verdad aunque tengamos que enfrentar este acoso judicial”, subrayó.
Tomás Zerón, quien fue encargado de la indagatoria del caso Ayotzinapa, es buscado por el gobierno de México por los delitos de tortura, desaparición forzada, alteración de la escena del crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha afirmado que el ex funcionario policial, que ejerció el cargo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, participó en el encubrimiento de los implicados a cambio de un pago millonario.
Además, es acusado de fabricar la llamada “verdad histórica”, versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto en la que se aseguraba que policías municipales corruptos detuvieron a los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 y los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, cuyos miembros los asesinaron e incineraron en un basurero.
Dicha versión fue derribada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los normalistas.
México había anunciado desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Comentarios
0 comentarios
