El Congreso del Estado de México aprobó por reformas legales que establecen penas de hasta 36 años de prisión para quienes cometan violencia ácida o química contra mujeres.
Durante la sesión, se determinó que la sanción máxima se aplicará cuando el ataque ponga en peligro la vida de la víctima y concurran agravantes, como que el agresor sea servidor público o mantenga con ella una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad y cuidado.
El dictamen reforma diversas disposiciones del Código Penal estatal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, establece que este delito se perseguirá de oficio.
De acuerdo con lo aprobado, las lesiones dolosas causadas a una mujer, niña o adolescente mediante el uso de ácidos podrán castigarse con penas de hasta 15 años de prisión y multas de 200 a 500 días.
Las sanciones aumentarán hasta 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa cuando la agresión provoque desfiguración permanente en el rostro, la cabeza, el cuello, las mamas o los genitales, así como la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido.
Asimismo, las penas podrán incrementarse a 22.5 años de prisión y 750 días multa, o hasta 30 años de cárcel y mil 50 días multa, según la gravedad de las lesiones y las agravantes relacionadas con la condición del agresor o el vínculo que mantenga con la víctima.
El dictamen precisa que, al sumarse las agravantes previstas en la reforma a las sanciones correspondientes por lesiones, la pena máxima podrá alcanzar los 36 años de prisión cuando se actualicen los supuestos establecidos.
La reforma también contempla la reparación integral del daño, que incluye cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis, tratamientos médicos especializados y de largo plazo, compensación por lucro cesante y otras medidas necesarias para la recuperación de las víctimas.
Finalmente, se incorporó el concepto de violencia ácida o química a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de facilitar la canalización y el traslado de las víctimas a unidades médicas de alta especialidad, así como garantizar su atención inmediata.
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