A fin de avanzar en la eliminación de cualquier práctica de discriminación en los centros de trabajo, la senadora Patricia Mercado Castro propuso establecer en la Ley Federal del Trabajo el derecho a la transparencia salarial.
Se trata, explicó la legisladora de Movimiento Ciudadano, de que las y los trabajadores conozcan, incluso desde la publicación de la vacante por parte de la empresa o persona empleadora, el monto íntegro del salario y prestaciones correspondientes al puesto, así como su descripción.
Con ello, dijo, “la persona trabajadora podrá solicitar en todo momento, posterior a la contratación, información relacionada con su salario o responsabilidades para puestos similares sin restricción”.
En la iniciativa, que fue publicada en la Gaceta del 8 de noviembre y turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda, Mercado Castro sugirió que sea causa de restricción de contrato hacer mal uso de esta información, por cualquiera de las partes; además, plantea prohibir a los empleadores no garantizar este derecho y, en caso de hacerlo, que sean acreedores a sanciones.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, uno de los lugares donde más se discrimina es en el trabajo, donde los “derechos más vulnerados son al trato digno, al trabajo y a la igualdad de oportunidades. Y quienes son más vulnerables a ser excluidas son las personas con discapacidad”.
La senadora destacó que dicho Consejo dio a conocer el registro de quejas que ha recibido desde 2012 hasta el cierre de 2022:
“Las cifras muestran que, con tres mil 915 reportes, invariablemente en esta última década, son los centros laborales donde más ocurren actos de discriminación, esto equivale al 49.3 por ciento del total de las denuncias; le sigue el ámbito educativo, con mil 115 quejas; y, en tercer lugar, los servicios al público, con 777 casos.
Además, el estudio da cuenta que a “más de tres mil 500 personas se les negó el derecho al trabajo por un motivo basado en la discriminación y no en sus habilidades o potencial para desempeñar el puesto”.
La legisladora lamentó que, a pesar de que en la Ley Federal del Trabajo se establece que las empresas o personas empleadoras están obligados a proporcionar a los trabajadores información sobre las condiciones generales de trabajo, incluyendo el salario, no existe una obligación explícita de publicar el salario íntegro a pagar en las ofertas de empleo.
Esta falta de obligación, subrayó Mercado Castro, les permite discriminar a quienes aspiran a las vacantes en función de su salario, sin que las personas candidatas puedan conocer esta información de antemano, lo que puede dificultar que las personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas con discapacidad o las personas de grupos indígenas, accedan a un empleo digno.
“La transparencia retributiva o salarial permite a los trabajadores detectar y demostrar posibles discriminaciones por razón de sexo.
También revela la existencia de sesgos de género en los sistemas retributivos y de clasificación profesional, que conducen a una valoración desigual y discriminatoria del trabajo de las mujeres con respecto al de los hombres, o que desestiman determinadas competencias profesionales que se consideran, principalmente, cualidades femeninas”, insistió.
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