4 mil 689 millones de pesos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) por “trabajos ejecutados sin comprobación documental”, es lo que debe aclarar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a escasos cinco meses de que concluya el actual gobierno federal.
Documentos oficiales señalan que la dependencia federal al mando de Román Meyer Falcón tiene que justificar e integrar los expedientes de 44 contratos de obra y dos de supervisión.
Esto además de números generadores, croquis, reportes fotográficos, pruebas de laboratorio y los reportes quincenales del personal contratado durante el periodo de la estimación de los trabajos ejecutados.
Aunado a la constancia de pago de las cuotas patronales que soporte y acredite los trabajos pagados.
“La documentación deberá acreditar los procesos constructivos realizados en cada concepto, actividad o su actividad, de conformidad con la especificación del catálogo de conceptos (…) copia certificada de la evidencia documental que acredite las acciones realizadas”, señala la indagatoria interna.
Debido a que, “la unidad fiscalizada (Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios públicos; Unidad de Administración y Finanzas; y la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano) no presentó la evidencia documental que acredite los trabajos pagados ejecutados en las estimaciones de los 44 contratos de obra pública y en dos contratos de supervisión”.
“Análisis de la documentación proporcionada por la UPEDU se constató que las estimaciones pagadas con recursos del PMU 2023 fueron elaboradas por el contratista; revisadas y aprobadas por la supervisión de obra y la residencia de obra: asimismo, no se comprobó que la documentación que se integró en cada una de las estimaciones con el propósito de soportar los trabajos pagados, está incompleta y carece de los elementos necesarios para acreditar los casos ejecutados por un monto de 4 mil 689 millones 434 mil 989 pesos”.
Los auditores de la propia Sedatu hicieron revisión y evaluación a 52 expedientes del Programa de Mejoramiento Urbano 2023 y encontraron diversas deficiencias.
“No se cuenta con el soporte documental de los pagos realizados en la ministraciones (generadores de obra, croquis reportes, fotográficos, reportes quincenales y las cuotas patronales del personal contratado durante el periodo de la estimación) por un importe pagado de 4 mil 689 millones 434 mil 989 pesos con IVA”.
Además, en estos contratos no hubo supervisión por parte de la dependencia federal que acreditara la realización de los trabajos.
“No designó el Titular responsable de los trabajos a los residentes de obra para 52 contratos (47 contratos de obra pública y cinco contratos de servicios relacionados con la obra), como responsables directos de la supervisión vigilancia control y revisión de los trabajos correspondientes al ejercicio fiscal 2023”, se expone en los documentos.
Lo anterior impidió garantizar el control y seguimiento de la ejecución de las obras, y tampoco se realizaron los registros en la bitácora electrónica de los 52 contratos de acuerdo al programa y el presupuesto de dichos contratos.
Tampoco hay comprobación física de los trabajos: “No existe evidencia de la notificación a la contratista para llevar a cabo el finiquito de los trabajos concluidos, ni el finiquito de los trabajos. Asimismo no se presentó la garantía por vicios ocultos, ni se formalizó el acta administrativa de extinción de derechos; tampoco se mostró el acta de recepción de obra a la unidad operadora; ni entrega de planos finales, normas, especificaciones, manuales, instructivos y certificados de garantía de los bienes instalados”.
Sedatu perdonó las penas convencionales a los contratistas que debió sancionar: “No se determinó las penas convencionales por trabajos no ejecutados de acuerdo al programa de obra a la fecha del 31 de diciembre de 2023, de los 52 contratos como por parte de la supervisión de obra ni por el residente de obra, que asciende a un total de 472 millones 514 mil 454 pesos”.
En resumen, no se cuenta con la documentación para acreditar los gastos, pero aun así, no se aplicaron las penalizaciones a los contratistas.
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