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3 Jun 2026

Política

Reportan investigaciones de EE.UU. contra gobernadores de Sonora y Tamaulipas; crece la polémica

Una nueva controversia política ha surgido luego de que el diario estadounidense Los Angeles Times informara que autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones sobre los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos militantes de Morena.

Según la publicación, las indagatorias estarían relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado en el caso de Durazo y con posibles actividades relacionadas con el huachicol en el caso de Villarreal. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente acusaciones penales formales en contra de ninguno de los dos mandatarios.

El reporte también señala que a ambos gobernadores les habría sido revocada la visa estadounidense, una medida que suele ser aplicada de manera discrecional por las autoridades migratorias de Estados Unidos. No obstante, el medio asegura que ambos permanecen bajo un esquema denominado “parole por beneficio público significativo”, una figura legal que permite el ingreso temporal a territorio estadounidense bajo circunstancias específicas.

La información ha generado un fuerte debate político debido a que tanto Durazo como Villarreal ocupan posiciones estratégicas en entidades fronterizas. Sonora mantiene una intensa relación comercial y migratoria con Estados Unidos, mientras que Tamaulipas es uno de los estados más importantes para el intercambio económico y logístico entre ambos países.

Hasta ahora, ni el gobierno estadounidense ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han difundido documentos oficiales que detallen las supuestas investigaciones mencionadas en el reportaje. Asimismo, los gobiernos estatales involucrados no han confirmado la existencia de procesos judiciales en su contra.

En diversas ocasiones, ambos gobernadores han rechazado señalamientos relacionados con actividades ilícitas y han defendido la legalidad de sus actuaciones como servidores públicos. Sus administraciones han sostenido que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y seguir los procedimientos legales correspondientes.

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