El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, plantea que en la Ley General de Salud se establezca una pena de hasta más de 22 años de prisión a quien adultere o falsifique medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades trasmisibles con motivo de un brote o epidemia, y que no cumplan con los requisitos establecidos.
La sanción se impondría a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que, por ende, no cuentan con el registro correspondiente para ser comercializadas y, mucho menos, suministradas a la población.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado también propuso incluir en el Código Penal Federal una pena de hasta con cinco años de prisión, a las personas que, a sabiendas de ser portadora de enfermedad declarada epidemia por la autoridad sanitaria, haga uso de certificados médicos falsos y pongan en riesgo a otros en el transporte ferroviario, aeronáutico, naviero o cualquier otro medio de servicio público federal o local.
Esto luego de que hasta 79 argentinos resultaran infectados de COVID-19 en las playas de Cancún haciendo uso de pruebas de COVID-19 apócrifas para poder viajar.
Conversando con medios de comunicación que cubren la fuente del @senadomexicano https://t.co/21Uh471FJu
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 18, 2021
En una iniciativa que enlista en la Gaceta Parlamentaria, el legislador también propone que las penas aumenten, hasta en una mitad, para aquellos que se aprovechen de las condiciones ocasionadas por una emergencia sanitaria para cometer el delito de fraude.
Lo anterior, explicó, es conducente, toda vez que a esta conducta ilícita se agrega el agravante de aprovechar las condiciones de necesidad y urgencia provocadas por una contingencia, “aspecto que no puede ser ignorado por el legislador para disponer una sanción más severa”.
De la misma manera, Monreal Ávila planteó que en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se agregue la obligación de los proveedores de informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades y calidad de los productos de alto consumo en una pandemia.
El líder de la bancada de Morena sugirió otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de verificar que los proveedores implementen los protocolos de seguridad sanitaria ordenados por la autoridad de salud.
Ricardo Monreal explicó que durante la pandemia este tipo de conductas han aumentado y afectan directamente la economía, salud e, incluso, la vida de la población mexicana.
Subrayó que estos fraudes han dejado serias afectaciones, especialmente en grupos sociales en condición de vulnerabilidad.
Además, estos ilícitos han llevado a familias enteras a padecer, no sólo la enfermedad, sino también el engaño y el fraude, pues en la búsqueda de insumos médicos indispensables para sobrellevar los contagios, han sido víctimas de quienes, inescrupulosamente, atentan contra su estabilidad.
“En otras palabras, el contexto derivado de la pandemia actual se ha convertido en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda, mediante transacciones con sobreprecio o fraudulentas”, dijo.
En febrero pasado, el Instituto Nacional de Migración informó que diversos laboratorios acreditados alertaron sobre la importancia de evitar “un mercado negro de certificados” con resultados de COVID-19 negativos para viajeros que desean ingresar a Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa.
El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico denunció que en redes sociales ofrecen certificados falsos que ponen en peligro de contagio a viajeros que salen desde las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunado a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación y aplicación ilegal de una vacuna apócrifa contra el COVID-19 de Pfizer/Biontech, lo que representa un peligro para la salud al ser de dudosa procedencia. A
Asimismo, la Cofepris informó sobre la venta ilegal, a través de páginas web falsas, de vacunas apócrifas.
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