Tras la suspensión del Plan B que determinó el ministro Javier Laynez Potisek, el Ejecutivo federal anunció que impugnará la admisión de la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la suspensión del decreto por el que se hicieron diversas reformas en materia electoral.
La Consejería Jurídica dio a conocer un análisis en el que rechazó que el Plan B ponga “en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso”, por lo que acusó que la determinación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se trata de una resolución injustificada e innecesaria”.
Argumentó que “no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite”.
Indicó que a este hecho se suma el que el ministro decidió suspender la totalidad del Plan B, cuando el INE no hizo esa petición, sino que sólo impugnó las normas que considera que afectan su operatividad.
Por ello, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que impugnará la resolución del ministro Laynez Potisek y demandará al pleno de la Suprema Corte que revoque el acuerdo que admite la controversia del INE y la medida suspensiva.
“Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación”, indicó.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal señaló que es preocupante que Laynez Potisek, en su papel de ministro instructor, desconozca las reglas del procedimiento que regulan las controversias constitucionales.
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