Cuatro meses antes de que terminara el mandato de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación firmó un jugoso contrato por 4.2 millones de dólares con Air Cap SA de CV, una empresa vinculada al empresario israelí Uri Ansbacher, investigado por presuntos sobornos relacionados con la venta del software espía «Pegasus».
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), este contrato no fue un caso aislado. La empresa —señalada como «fantasma» por su falta de estructura operativa real— también habría servido para triangular operaciones relacionadas con Pegasus. Entre 2017 y 2020, acumuló contratos por casi mil millones de pesos tanto con el gobierno federal como con el del Estado de México.
¿De qué trataba el contrato otorgado en 2018?
El 31 de julio de 2018, la Segob asignó de manera directa un contrato a Air Cap para dar mantenimiento y proveer refacciones a tres helicópteros Kazan MI-17 utilizados por la Policía Federal. ¿La razón para no licitar? Según la dependencia, el servicio requería confidencialidad y no podía abrirse al público.
De cinco empresas invitadas, solo tres respondieron; Air Cap fue una de ellas.
AMLO también tuvo vínculo con Air Cap
Ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la empresa continuó recibiendo invitaciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2019 y 2020. Aunque las relaciones se cortaron en 2021, cuando salió a la luz su implicación en la venta del malware, los compromisos heredados de la administración anterior se siguieron pagando.
Por ejemplo, en 2020 la Guardia Nacional aún tenía un saldo pendiente de 700 mil pesos relacionado con ese mismo contrato firmado en 2018.
Contratos en el Estado de México
El nombre de Air Cap también apareció en las contrataciones del entonces gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo. Según Aristegui Noticias, la administración estatal compró a la empresa:
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Brazaletes electrónicos por 96 millones de pesos
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Un sistema de videovigilancia por 60 millones
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Bloqueadores de señal
Además, MCCI detectó otros cuatro contratos relacionados con equipo de seguridad y vigilancia, por un valor de 601 millones de pesos, sumando un total de más de 784 millones de pesos asignados entre 2017 y 2020.
Air Cap, en la mira del SAT
El pasado 28 de abril de 2025, el SAT dio el golpe final: incluyó a Air Cap en su lista definitiva de empresas que simulan operaciones. Entre las razones: no tiene activos, ni personal, ni capacidad real para ofrecer los servicios por los que cobró millones.
A pesar de ello, cuando intentó seguir contratando con el gobierno federal, se presentó como una gran empresa, con 250 empleados y todas sus obligaciones fiscales en orden. Hoy, el retrato es otro: Air Cap es vista como una pieza clave en una red de contratos opacos, desvío de recursos y vigilancia ilegal.
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