La mañana del 8 de julio, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al país con una declaración contundente: su gobierno va con todo contra el expresidente Enrique Peña Nieto. La razón: nuevos indicios que lo vinculan directamente con el escándalo internacional del software espía Pegasus.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la apertura de una nueva carpeta de investigación, a raíz de documentos e informes “claros y precisos” que apuntan a que el expresidente habría facilitado contratos millonarios con empresas israelíes durante su sexenio, a cambio de presuntos sobornos.
Según el fiscal, empresarios como Avishai Neria y Uri Ansbacher habrían pagado hasta 25 millones de dólares para asegurar acuerdos con la administración de Peña Nieto, incluyendo la polémica adquisición del software de espionaje Pegasus, creado por la firma NSO Group.
“Ya abrimos la carpeta y vamos a solicitar formalmente a las autoridades israelíes que incorporen esta información a la investigación”, afirmó Gertz, dejando claro que la intención es llevar la investigación más allá del ruido mediático y convertirla en evidencia judicial.
Aun reconociendo que la relación diplomática con Israel ha sido complicada —mencionando incluso el caso Ayotzinapa como precedente—, el fiscal confía en que haya una colaboración más expedita esta vez. De lograrse, podría marcar un antes y después en los esfuerzos de justicia internacional.
La presidenta Sheinbaum calificó el caso como “tremendo”, haciendo referencia al peso político, ético y legal que estas revelaciones podrían tener en el escenario nacional.
Aunque Peña Nieto ha negado toda implicación, los empresarios israelíes que han colaborado con medios y autoridades identifican directamente al “expresidente electo en 2012” como beneficiario directo de los acuerdos, y han comenzado a aportar pruebas documentales.
Esta acción de la 4T parece ir más allá de lo simbólico: podría ser el inicio del fin del blindaje de impunidad que rodeó al sexenio priista incluso durante la administración de AMLO. La cooperación internacional y la capacidad de traducir las acusaciones en pruebas judiciales serán claves para que este nuevo capítulo del caso Pegasus se convierta en el escándalo del siglo.
Mientras tanto, la pregunta permanece en el aire:
¿Está lista la Fiscalía para derribar a un expresidente?
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