La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Gobierno de Nuevo León la declaratoria de invalidez de decretos en la Gaceta Legislativa del Congreso local, que dejaría sin efectos los nombramientos de fiscales especializados, magistraturas y del auditor superior hechos por diputados locales hace cinco meses.
Mediante el engrose de la Controversia Constitucional 262/2023, en donde el Poder Ejecutivo pidió la intervención de la Suprema Corte, declaró la invalidez de la publicación de los Decretos 340, 341 y 342 en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el ocho de marzo de 2023.
El Congreso local hace unos meses nombró a Javier Garza y Garza como fiscal Anticorrupción; Gustavo Javier Solís, fiscal electoral; Alejandro Reynoso, auditor Superior; y Álvaro Ibarra, designado magistrado del Poder Judicial.
De acuerdo con el gobierno estatal, el Congreso buscaba quitar facultades al gobernador para vetar a los candidatos postulados por el Congreso para ser titulares de la Fiscalía General del Estado y para intervenir en la designación de magistrados del Tribunal Justicia Administrativa, y para nombrar a las personas titulares de la Secretaría de Gobierno y Tesorería.
Fuentes legislativas informaron que la Corte debe notificar al Congreso para que surta efectos los resolutivos y afirmaron que están invalidando lo actuado, porque argumentan que no puede ser retroactivo.
Y aunque quedan sin efectos a partir de la notificación, los actos que el Congreso realizó, no respecto al Poder Judicial, pues eso sería hasta que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación dicho engrose.
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