La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un revés a las aspiraciones legales de Eduardo Verástegui al confirmar que el Instituto Nacional Electoral (INE) puede seguir investigando el financiamiento de su fallida candidatura presidencial independiente de 2024. Por unanimidad, los magistrados desecharon la petición del actor y activista, quien pretendía que se declarara la caducidad del procedimiento que el INE inició hace más de dos años, con lo que el organismo electoral queda facultado para rastrear a fondo los movimientos financieros relacionados con transferencias del extranjero que superan los 6.9 millones de pesos.
El caso se remonta a febrero de 2024, cuando el Consejo General del INE detectó serias inconsistencias en los informes de fiscalización de Verástegui: omisiones en gastos de propaganda, falta de comprobantes contractuales y discrepancias entre ingresos y egresos. Pero el punto neurálgico son varias transferencias internacionales —entre ellas, depósitos por 450 mil y 340 mil dólares— provenientes de la consultora política Partner 305 LLC, con sede en Miami. Según los consejeros electorales, esos montos no se corresponden con la capacidad económica declarada por el aspirante, quien además habría necesitado generar ingresos equivalentes a más de un año para reunir esas cantidades con recursos propios.
Cuando el INE requirió explicaciones, Verástegui reconoció que las cuentas eran suyas, pero entregó información incompleta o testada que impidió verificar saldos y el origen real del dinero. Luego, argumentó motivos de seguridad personal para negarse a proporcionar más detalles. Aunque en un principio se proyectó una sanción superior a 1.4 millones de pesos, esta se redujo a 144 mil pesos tras alegar incapacidad económica, un hecho que, lejos de aclarar las dudas, las acrecentó.
En su intento por frenar el proceso, el también productor sostuvo que la investigación había permanecido inactiva. No obstante, el INE documentó diligencias constantes desde abril de 2024 hasta junio de 2026, postura que el TEPJF respaldó al determinar que no existe caducidad ni omisión en el caso. Con esta resolución, el órgano electoral deberá continuar con las indagatorias y, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, determinar si se acreditan posibles ilícitos en el origen y uso de los recursos que Verástegui destinó a la recolección de firmas ciudadanas —meta que, finalmente, no logró alcanzar para concretar su registro como candidato independiente.
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