El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado el pasado 14 de noviembre en la Cámara de Diputados y publicado el 29 del mismo mes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El órgano electoral sufrió un recorte por 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado.
Mediante un comunicado, el INE argumentó que este recorte acordado por el Legislativo no está justificado y acusaron que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, específicamente la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato.
Explicó que, para realizar dicho ejercicio, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, se requiere de 3 mil 830 millones de pesos, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados, por lo que, con este recorte no tendrán fondos para hacerlo.
“El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular, atendiendo a lo que la SCJN resolvió en el sentido de que la autoridad electoral tenía la ‘obligación de prever’ los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución”, señala el comunicado.
Tras el recorte, el INE detalló que consideró prudente someter el tema a consideración de la SCJN para que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado, pues de lo contrario, reiteró, no podrá hacerlo.
Además, señala el documento, con esta negativa se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía. “El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana.
Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia de este país y subraya que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza”, puntualiza el comunicado.
Presenta ajuste al Presupuesto y Revocación sigue costando lo mismo La Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó un ajuste al Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2022 que deberá ser aprobado por el Consejo General con miras a generar economías para cumplir con sus compromisos pues además de la Revocación de mandato, también habrá elecciones en seis entidades del país.
El presidente de la Comisión, el consejero Jaime Rivera, explicó que con el recorte de casi cinco mil millones de pesos que el Legislativo aplicó al Presupuesto del INE, se han dado a la tarea de revisar los proyectos institucionales susceptibles de modificación y algunos otros rubros en los que pudiera haber una disminución de costos a fin de aproximarse, en lo posible, a las necesidades de los gastos adicionales para 2022 como lo es la Revocación.
Recordó que la probable realización de una Consulta Popular queda descartada ya que el pasado 30 de noviembre concluyó el plazo para solicitarla, por lo que, estos gastos se eliminan, sin embargo, ratificó el compromiso del INE por realizar la Revocación de Mandato. “El INE quiere cumplir con este ejercicio de participación ciudadana y por ello ha hecho este esfuerzo de ajuste presupuestal para liberar recursos que podrían destinarse a este objetivo, sin embargo, lo que faltaría serían dos mil 554 millones de pesos, por lo que los ajustes que se proponen no son suficientes”, sostuvo.
En tanto, el consejero Ciro Murayama reiteró que, pese a que no se realizará la Consulta Popular y se elimina esa presión de gasto, la Revocación de Mandato sigue costando tres mil 830 millones de pesos, de los cuales el INE solo tiene un tercio, “lo que estamos viendo es que la decisión de la Cámara nos colocó en una imposibilidad presupuestal, una dificultad que el Consejo General tendrá que enfrentar”.
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