Este vienes comparecerá Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde murieron 40 migrantes, destacando que Garduño será previsiblemente imputado por el ejercicio ilícito del servicio público, delito que no tiene prevista prisión preventiva de oficio, pues la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
La Fiscalía también señaló que ha identificado un patrón en el actuar de los directivos del INM “en el que se han omitido las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Cabe destacar que durante la audiencia de este viernes también comparecerá el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina. La audiencia, fijada para las 9:15 h, será en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, a cargo de Silvia Alejandra Gutiérrez, y se llevará a cabo de forma presencial, pese a que la FGR solicitase que fuese por videoconferencia.
La jueza pidió prepararse a la FGR para el caso de que Garduño acepte una conclusión anticipada del proceso, es decir, que pida llevar un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas para evitar ir a juicio.
Pese a las críticas de los países con víctimas y de organizaciones de derechos humanos, el Gobierno de México ha rechazado destituir a Garduño de su puesto.
Por el momento, tres funcionarios de la estación ubicada en el estado de Chihuahua han ingresado en prisión de forma provisional: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca; el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza; y la agente migratoria Cecilia Rivera.
También ha sido detenido el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González, quien se enfrentan cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.
El escrutinio sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras el suceso, por lo que El Salvador lo consideró un “crimen de Estado”.
Comentarios
0 comentarios
