La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra los esposos Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, y cinco personas más, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En noviembre de 2019, FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra del empresario Álvarez Puga, la conductora de televisión Gómez Mont, Edgardo Mauricio V., Rosario A., Margarita C., Ricardo P., Mauricio R. y siete empresas.
Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
Señaló que la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales. Y que durante la investigación obtuvo información de que existía un grupo formado por Héctor Z., Armando R., José O., Ricardo C., Yareli C., quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Añadió que el siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo G., Paulo U., Emanuel C., Jesús P. y Jorge N. Subrayó que cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
Además, que en el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor Z., dicha persona moral recibió más de dos mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
“Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por dos mil 950 millones de pesos”, destacó la FGR en un comunicado.
Sobre la participación de Gabriel M., agregó, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas.
“El caso se seguirá investigando”. E indicó que a los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
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