Colegios, asociaciones y barras de abogados exigen a una sola voz al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el estado de Veracruz se derogue el delito de ultrajes, para evitar se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad derivados de detenciones arbitrarias.
Las mujeres y hombres de leyes ratifican su petición de que se elimine el artículo 331 del Código Penal estatal y piden al gobernador se admita la recomendación 146/2021 que le ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de seis jóvenes que estuvieron privados de su libertad de manera injusta y en la que también se solicita la derogación del tipo penal que ha llevado a la práctica de detenciones arbitrarias en la entidad.
En un documento dirigido a García Jiménez, los órganos civiles colegiados solicitan se dé cabal cumplimiento a la recomendación de la CNDH en todos sus términos y se presente una propuesta para que se derogue el delito de ultrajes, además de revisar la actuación de las corporaciones policíacas y se inicien los procedimientos legales contra quienes resulten responsables
En ese sentido, sostienen que se debe de investigar de manera exhaustiva el actual de las corporaciones policiacas para evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad, como la fabricación de delitos, el ejercicio indebido de atribuciones y las detenciones arbitrarias.
Los abogados y abogadas coinciden con la recomendación de la CNDH, ante la evidente vulneración de derechos humanos y la posibilidad de fractura en el Estado de Derecho, ocasionada por la violación masiva de tratados internacionales, así como la negación de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia contemplados en la Constitución Política mexicana.
En la recomendación 146/2021, la CNDH pidió reparar los daños cometidos en agravio de los seis jóvenes que estuvieron presos durante cuatro meses en el penal de Pacho Viejo acusados, sin pruebas fehacientes, del delito de ultrajes; sancionar administrativa y penalmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad de cada una de las personas por detención arbitraria; y derogar el tipo penal que contempla penas de prisión que se incrementaron de seis meses a siete años en marzo pasado.
En el documento, los cuerpos colegiados, entre los cuales se encuentran la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, la Coordinación General de Delegaciones del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, la asociación jurídica de licenciados en Derecho, la Asociación de Abogados Postulantes en Juicios Orales Penales y Civiles y el Capítulo Veracruz de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, entre otros, subrayan que la CNDH atribuye a los elementos de Seguridad Pública del estatal la detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida de hechos y a la Fiscalía General de la entidad la violación al derecho de acceso a la justicia.
De esa manera, abogados y abogadas piden la derogación del delito de ultrajes a la autoridad y se solidarizan con las víctimas de las detenciones y encarcelamientos injustos en el estado de Veracruz, quienes han contado con el respaldo de senadores, entre ellos Ricardo Monreal que ha enviado un exhorto al Congreso local para que se derogue el artículo 331 del Código Penal, toda vez que es inconstitucional, por no tener conceptos claros y dejar a la libre interpretación de las autoridades lo que se entiende por amenaza y agresión.
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