El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió un importante revés, ya que el Poder Judicial del Estado invalidó un juicio contencioso que hace uno días promovió contra el juicio político que le abrió el Congreso local.
Al resolver la controversia de inconstitucionalidad 4/2023, promovida por el presidente del Congreso, Mauro Guerra, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió que la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) no debió haber admitido el juicio, porque no está entre sus competencias, y ordenó sobreseerlo.
La resolución del TSJ se dio por unanimidad el 4 de septiembre y se notificó a la Sala el 12 de septiembre: «Se instruye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León para que, dentro del término tres días, dicte las medidas necesarias y sobresea el juicio en mención», indica el fallo.
El Gobernador reclamó el acuerdo de procedencia en la denuncia de juicio político en su contra por parte de la Comisión Anticorrupción y el emplazamiento hecho por parte de la Oficialía Mayor.
Al admitir el juicio contencioso, el TJA le concedió al Mandatario la suspensión para que, sin detener el procedimiento, se abstuvieran de proponer alguna sanción y de emitir dictamen al respecto.
Pero el TSJ estableció que la competencia del TJA es únicamente para dirimir las controversias entre particulares y la Administración pública municipal, no para asuntos entre el Congreso y el Ejecutivo.
«El conflicto surgido entre el titular del Poder Ejecutivo y el Congreso escapa de su competencia», establece el TSJ, «pues no reúne las características apuntadas para ello»…Por tanto, se concluye que con la admisión de la demanda propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo… el Tribunal de Justicia Administrativa invadió la esfera de competencia que constitucional y legalmente le fue conferida al Poder Legislativo.
Pese a esta resolución, desde el 22 de marzo el Gobernador cuenta con una suspensión definitiva de amparo que le otorgó Faustino Gutiérrez, Juez Octavo de Distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, contra la posible destitución por el juicio político.
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