El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó su primera ley que permite a las autoridades detener y deportar a migrantes por diversos delitos, incluso menores.
Trump firmó la ley, en la Sala Este de la Casa Blanca, ante un centenar de invitados, entre ellos familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación.
“Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley”, afirmó Trump, quien aseguró que él migrante que la asesinó, procedente de Venezuela, debería haber sido deportado.
“En lugar de ser expulsado, como debería haber ocurrido, fue liberado en Estados Unidos, al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, pero ya ven lo que estamos haciendo: los estamos sacando de aquí”, subrayó.
La iniciativa contra los migrantes fue aprobada el pasado 22 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, con el respaldo casi unánime de esa bancada—excepto un legislador que no votó y el apoyo de 46 congresistas demócratas.
Los migrantes detenidos contemplados en la nueva legislación incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas y los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El texto también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.
Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de tres mil millones de dólares adicionales y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60 mil camas para poder aplicar esa ley.
El mandatario ha sugerido que la aprobación de esta ley es solo el principio. En una conferencia de legisladores republicanos en su hotel en Doral, cerca de Florida, destacó el lunes que muestra el potencial de proyectos de ley adicionales que les ayudarán a tomar medidas enérgicas “contra los extranjeros criminales y a restaurar totalmente el estado de derecho en el país”.
Estos grupos denunciaron la medida por considerarla demasiado radical, al punto de que podría desencadenar redadas masivas contra personas acusadas de delitos menores, como el hurto en tiendas.
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