Un video íntimo atribuido a una trabajadora del Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán, comenzó a circular en grupos de WhatsApp durante las últimas horas.
El material, de alrededor de 11 minutos y 41 segundos, fue difundido sin consentimiento, lo que constituye una presunta violación a la Ley Olimpia, que protege la intimidad y sanciona la violencia digital.
El Ayuntamiento de Cansahcab condena la difusión
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el Ayuntamiento expresó su respaldo a la funcionaria afectada y exhortó a la ciudadanía a no compartir el video ni contribuir a su reproducción.
“La difusión de material íntimo sin consentimiento es una forma de violencia digital y será sancionada conforme a la ley”, señaló la administración municipal.
El gobierno local informó que ya se inició una denuncia formal ante las autoridades competentes, y que se procederá con base en la Ley Olimpia para localizar y sancionar a quien resulte responsable.
Alcalde denuncia posible trasfondo político
El presidente municipal, Wilver Llanes Chan, declaró que la publicación del video podría estar vinculada con ataques políticos dirigidos a dañar la imagen de su administración.
El edil afirmó que el caso ocurre en un contexto donde analiza participar en el proceso electoral 2027–2030, y reiteró que la trabajadora contará con respaldo jurídico y acompañamiento institucional.
Qué establece la Ley Olimpia
La Ley Olimpia, vigente en Yucatán desde 2021, reconoce como delitos la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, la sextorsión y el acoso cibernético.
Las sanciones contemplan penas de prisión, multas económicas y reparación del daño a la víctima.
El objetivo es garantizar la privacidad, integridad y dignidad de las personas frente a actos de violencia digital o exposición indebida en redes sociales y plataformas digitales.
Investigación en curso
Hasta el momento, no se ha identificado a la persona responsable de compartir el video.
Fuentes locales mencionaron que el material pudo haberse obtenido tras la pérdida o reparación del teléfono celular de la afectada; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que continúa con las indagatorias.
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