Un juez frenó una ley federal de telecomunicaciones que obliga a los usuarios de teléfonos celulares a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.
La medida provisional bloquea una reforma a la ley que establece a usuarios de telefonía celular a entregar sus datos biométricos al momento de contratar una línea.
De acuerdo con el juez segundo de Distrito, Juan Pablo Gómez, el registro no «influye positivamente» en las actividades de seguridad pública del Estado.
El padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos administrada por el regulador de telecomunicaciones, el IFT. Entonces estaría disponible para las fuerzas de seguridad si lo solicitaran.
La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.
La suspensión definitiva otorgada a un ciudadano podría producirse a finales de abril.
Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser explotadas por delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito.
Cortar las líneas de quienes no se registran también aislaría aún más a muchos mexicanos cuyo único acceso a internet es por teléfono móvil, han dicho algunos expertos del sector.
«Consideramos que hay otros mecanismos más efectivos y menos complejos de implementar para combatirlas (a las llamadas de extorsión), así como creemos que la tecnología brinda herramientas valiosas para hacerlo», dijo AT&T en un comunicado a Reuters.
Senado aprueba recabar datos biométricos al contratar celular
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