Familiares, amigos y políticos están pendientes de la salida jurídica que tendrá el caso de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, detenido por el presunto homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, René Tovar, toda vez que continúa la audiencia inicial que había sido suspendida el día de su detención.
Mientras se espera la audiencia que tendría lugar a las 15:00 horas, se registran movilizaciones en las principales ciudades y capitales del país, como la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, en demanda de libertad inmediata y justicia para Del Río, siendo la protesta en el penal de Pacho Viejo la más grande, donde permanece recluido desde la semana pasada.
En ese marco, los familiares y amigos, además de políticos, piden al juez de control y de procedimiento penal oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, Francisco Reyes Contreras, quien celebrará la audiencia, que este sea su momento de hacer justicia y no ejercer venganza política.
Por lo tanto, reafirmaron que Del Río Virgen fue detenido tras una larga lucha del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, contra los abusos de poder y autoritarismo del gobierno del morenista Cuitláhuac García y por la justicia en favor de quienes están en la cárcel injustamente acusados por el delito de ultrajes a la autoridad.
Asimismo, insistieron en que a Juan Manuel del Río Virgen se le detuvo sin ninguna prueba en su contra, sin alguna imputación directa, toda vez que el juez tomó en cuenta cinco testimoniales que no son más que apreciaciones personales sobre Del Río, por su pertenencia a la dirigencia nacional de su partido y por haber participado en la elección de candidatos.
Ante la falta de pruebas que incriminen a Del Río, los familiares, amigos y políticos esperan que en breve recobre su libertad, pues consideran que su caso se trata de una persecución y venganza política maquinada desde el gobierno de Cuitláhuac García, quien ha quedado evidenciado por institucionalizar el abuso de poder contra los veracruzanos.
Precisaron que en la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad el mismo gobierno se convierte en acusador y sin más pruebas que la interpretación confusa que haga del artículo 331 del Código Penal estatal en el que se establece ese tipo penal.
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