Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes a las autoridades salvadoreñas de «violaciones masivas del debido proceso» en la detención de decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas, citando datos filtrados del Gobierno.
El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por «delitos definidos de manera amplia».
El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora de la noche del jueves.
«Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción», dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000 personas habían sido detenidas desde marzo.
Reuters no pudo confirmar la información de forma independiente.
La organización de vigilancia de los derechos humanos explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de 1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional.
Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.
Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar.
Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad, agregó.
Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40,000 fueron acusadas de «agrupaciones ilícitas», delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben «provecho indirectamente».
Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de pertenencia a una «organización terrorista», un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.
Con información de Reuters
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