La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el Servicio Médico Forense (Semefo) y dos funerarias privadas en la ciudad de Iguala, como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, a once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El operativo, realizado el 9 de octubre, fue encabezado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), con apoyo del Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las instalaciones fueron acordonadas y quedaron bajo resguardo federal.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020, el aseguramiento se relaciona con los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, presuntamente vinculados con la operación del grupo Guerreros Unidos durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Los inmuebles asegurados
Entre los lugares intervenidos se encuentran la funeraria “El Ángel”, ubicada en la comunidad Rancho del Cura, y “Funerales Rueda”, situados sobre la avenida Bandera Nacional, ambas propiedad del empresario Rodolfo Rueda Mazón, quien en 2014 operaba el servicio forense bajo un convenio con el gobierno estatal.
La funeraria El Ángel cuenta con un horno crematorio, lo que reactivó una de las líneas más delicadas del caso: la posible utilización de crematorios para desaparecer los cuerpos de los estudiantes, una hipótesis planteada desde hace años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Una línea de investigación retomada
El GIEI, en su informe de 2015, descartó científicamente que los jóvenes hubieran sido incinerados al aire libre en el basurero de Cocula, como sostenía la llamada “verdad histórica”.
En cambio, señaló que algunos restos óseos presentaban huellas de exposición a altas temperaturas controladas, compatibles con cremaciones en hornos cerrados.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) retomó esa hipótesis e incorporó testimonios de testigos que afirmaban haber visto movimientos inusuales en la funeraria El Ángel la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El informe precisó que en Iguala solo existían dos establecimientos con servicio de cremación, pero aclaró que no hay evidencia concluyente de que los cuerpos de los normalistas fueran incinerados allí.
Con el operativo actual, la FGR busca agotar esa línea de investigación y resguardar archivos, expedientes o indicios forenses que pudieran arrojar nueva luz sobre el destino de los estudiantes desaparecidos.
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