El Pleno del Senado aprobó, con 71 votos a favor, reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Los Trabajadores, que tienen como objeto crear el Programa de reestructuración de créditos y beneficios, a fin de brindar certeza a los acreditados.
El proyecto detalla que este programa tendrá el propósito de elevar a rango de ley un modelo de cobranza social sin intermediarios, que integre el Programa de Reestructuración y Beneficios para el pago y cobro de los créditos acorde a las posibilidades y alcance de los trabajadores.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Griselda Valencia de la Mora, aseguró que con los cambios legales se brinda certeza jurídica y protección al derecho que tienen los trabajadores acreditados para reestructurar el pago de sus créditos de vivienda.
Mencionó que, en diferentes estados de la República, organizaciones sindicales y trabajadores denunciaron incertidumbre, zozobra y hostigamiento, frente a la falta de condiciones para pagar sus créditos por el cobro excesivo de intereses y actos de presión e intimidación por parte de las agencias particulares externas que operan el modelo de cobranza vigente.
“Los trabajadores han denunciado con frecuencia que dichas agencias e intermediarios les hacen firmar convenios judiciales de pago, que lejos de solucionar su situación, ven incrementar su deuda que los condena a pagar de por vida, además de que se inician juicios que terminan en desalojo de sus viviendas quedando en un completo estado de indefensión”.
Explicó que el dictamen establece que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que haya otorgado en base a un modelo de cobranza social a la medida de su situación económica, laboral, social y particular de cada acreditado, sin intermediarios, que será aprobado por el Consejo de Administración.
El senador José Narro Céspedes, de Morena, señaló que la vivienda constituye el avance de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias, porque es su centro social, emocional y económico que debe garantizar seguridad y dignidad.
Reconoció que, a pesar de que el estado creó diversos medios de acceso al derecho a la vivienda para los trabajadores, estas acciones no han sido suficientes para atender la problemática que se ha agudizado para los acreditados que ha deteriorado su capacidad económica y emocional para poder cumplir con sus obligaciones crediticias.
El dictamen, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, refrenda el propósito de impulsar el acceso al crédito, pero también busca establecer legalmente, a través de este Programa, las condiciones propicias para que el adeudo de la vivienda se pueda pagar, frente a circunstancias que dificultan cumplir su pago y liquidación.
Con las reformas propuestas dicho Programa deberá incluir el diseño de alternativas de solución para los trabajadores acreditados que facilite el pago de sus pasivos crediticios, considerando su situación económica, social y laboral en todo momento.
El proyecto detalla que los principales factores que afectan la probabilidad del pago del portafolio hipotecario son, por un lado, la pérdida del empleo, en donde la amortización del saldo del crédito depende de la voluntad y posibilidad del acreditado; por otro, el incremento del saldo de la deuda por la indexación, lo cual da la percepción de que los créditos son impagables. El proyecto se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.
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