La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que resuelva primero la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) en mayo de 2018 y después analice la reforma a dicha legislación, que forma parte del ‘Plan B‘ de la Reforma Electoral.
Por medio de un comunicado, Presidencia recordó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, la cual fue cuestionada en su momento por la minoría en el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al denunciar vicios en el proceso legislativo, además de que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales.
Agregó que a la fecha, la Suprema Corte no ha dictado sentencia definitiva a cinco años de su promulgación.
Presidencia aseguró que la solicitud se da con el objetivo de evitar la emisión de “sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
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