Investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticarona México por retirar decenas de órdenes de arresto, en su mayoría contra militares, como parte de las pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, bajo el argumento de que hay pruebas suficientes para detenerlos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que no sabía por qué se cancelaron 21 de 83 órdenes de aprehensión justo cuando investigadores avanzaban con ese proceso, en uno de los crímenes más atroces en la historia reciente del país latinoamericano.
“Para nosotros es incomprensible por qué se retiraron estas órdenes de aprehensión”, sostuvo en conferencia de prensa Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI. Por su parte, Francisco Cox, también experto del GIEI, calificó la investigación gubernamental como “torpe” y “apurada”.
La Fiscalía General de la República (FGR) no respondió de inmediato a una solicitud de información de Reuters sobre los señalamientos hechos por el grupo designado en 2014 por la CIDH.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo on la promesa de esclarecer el caso en el que fueron secuestrados y presuntamente asesinados 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que la investigación de su predecesor estuviera plagada de errores y abusos.
Además de renovar el mandato del GIEI, López Obrador también nombró un fiscal especial y creó la llamada Comisión de la Verdad para esclarecer el caso.
En su informe de agosto, la comisión calificó el caso Ayotzinapa como un “crimen de Estado” y presentó nuevos hallazgos, incluidos decenas de mensajes de WhatsApp supuestamente enviados por criminales vinculados al ataque ocurrido en el sureño estado Guerrero.
Sin embargo, en un análisis forense realizado posteriormente por el GIEI se hallaron serías inconsistencias eliminando la posibilidad de que los textos puedan ser utilizados como una prueba legal.
El principal funcionario de derechos humanos de México, Alejandro Encinas, que dirige la comisión de la verdad, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Encinas dijo la semana pasada que los mensajes eran solo una parte de un análisis más amplio.
Carlos Beristain, investigador del GIEI, señaló que la confusión en torno al caso había crecido debido a “un esfuerzo por apresurar los resultados”. Sin embargo, agregó que el GIEI seguía firme con las pruebas obtenidas para mantener las órdenes de detención que fueron retiradas.
“A pesar de lo que se ha dicho en las últimas semanas, la investigación es suficientemente fuerte”, precisó tras aclarar que la extensión del mandato del grupo de expertos, que concluía el lunes, sería por dos meses más con solo dos de los cuatro investigadores.
La exfiscal colombiana, Ángela Buitrago, admitió que uno de los principales retos para esclarecer el caso sigue siendo obtener información, incluso recabada en tiempo real el día de los hechos, bajo resguardo de militares. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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