Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), atribuyó la espiral de violencia por la que atraviesa el país al consumo de drogas que se registra en el mundo, combinada con el tráfico ilícito de armas que se fabrican en otros países.
En comparecencia ante el Pleno del Senado de la República con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, tal como lo expuso ante las Naciones Unidas, cuestionó: “las armas ¿las fabricamos nosotros? No; los insumos para producir drogas sintéticas ¿tienen como origen nuestro país? No; los muertos ¿los ponemos nosotros?, lamentablemente sí”.
De esta manera, la Secretaria de Seguridad explicó a los senadores el avance del Entendimiento Bicentenario, estrategia integral de acciones binacionales con los Estados Unidos, para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras.
▶️ ¿Qué ha hecho la @SSPCMexico para regresar la tranquilidad a las y los mexicanos?
¿Qué preguntaron las senadoras y los senadores sobre la seguridad en el país?Te compartimos parte de lo analizado #HoyEnElSenado, durante la comparecencia de la secretaria @rosaicela_. pic.twitter.com/Pu0VatSrlF
— Senado de México (@senadomexicano) October 20, 2022
Acompañada de los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México: el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González; el de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, destacó la mejora de los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados.
En su primera intervención, aseguró a los senadores que hay mayor coordinación, mejor coordinación, para perseguir, castigar, identificar y desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de personas.
Además, el seguimiento a empresas importadoras de precursores químicos y sus redes financieras, a fin de evitar su desvío para la producción de drogas sintéticas, y acotar la operatividad y letalidad de la delincuencia transnacional, así como el fortalecimiento de la judicialización de casos de corrupción, y delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.
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