Armando Ríos Piter anunció su “renuncia” a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), facilitando así el final de un conflicto que tiene ya más de medio año, y que mantiene en jaque a uno de los centros privados de educación superior más prestigiosos del país.
En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Ríos Piter ha dicho: “He decidido renunciar para que no haya más pretextos y se regrese a la normalidad”, pero debemos recordar que él fue señalado por sus críticos por no reunir los requisitos para ser Rector, designación que hasta el día de su renuncia nunca fue bien vista y sí muy criticada por la comunidad estudiantil, a tal grado que señalan, él era una de las razones por las que todavía no hay un acuerdo entre las partes en conflicto, por lo que se espera que con su «renuncia» las cosas quedan comenzar a mejorar.
La salida del ex senador, trotamundos de la política, hace recordar que recorriendo casi todos los partidos políticos ha buscado obtener algún puesto importante, sin importarle trasgredir la lealtad de quienes lo han apoyado, pues cabe recordar que quiso ser candidato a Gobernador de Guerrero por el PRD pero no lo logró debido a los desencantos de sus principales promotores, después intentó ser candidato independiente a la presciencia de México y no pudo porque la mayoría de las firmas que presentó ante el INE eran falsas y productos de engaños, más tarde buscó ser postulado, ahora por el partido Movimiento Ciudadano, como candidato para la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, proyecto que tampoco logró consolidar y en diciembre del 2020 se incorporó al partido Fuerza por México como secretario del partido en la Ciudad de México, lo que demuestra no serle leal a ningún partido político y al parecer solo busca lograr sus objetivos personales.
Con la salida de Ríos Piter se demuestra que la presión de estudiantes y profesores en las últimas semanas ha surtido efecto, dejando poco margen a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Amparada en el Gobierno local, en manos de Miguel Barbosa de Morena, la Junta se hizo con el control de la fundación en junio, provocando una batalla judicial con sus anteriores gestores, la familia Jenkins.
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