El Gobierno de México trabaja en el diseño de una metodología única para evaluar a aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles “riesgos razonables” de vínculos con el crimen organizado de cara a las elecciones de 2027.
La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para poner en operación este mecanismo lo antes posible.
“Se está trabajando en esta metodología única para que pueda, en coordinación con el INE, ponerse en operación este mecanismo lo antes posible”, señaló durante la conferencia presidencial realizada en Chiapas.
¿Cómo funcionaría el mecanismo?
De acuerdo con lo explicado por la funcionaria, los partidos políticos podrán presentar voluntariamente ante el INE sus listas de precandidatos para que distintas instituciones revisen información disponible en sus bases de datos.
Entre los elementos que podrían ser consultados se encuentran:
- Carpetas de investigación.
- Información relacionada con posibles operaciones financieras irregulares.
- Bloqueos de cuentas.
- Otros registros disponibles en las instituciones de seguridad e inteligencia.
Con base en esta información, las autoridades emitirían un dictamen exclusivamente para determinar si existe o no un “riesgo razonable” en cada perfil político.
Alcalde explicó que actualmente se mantienen mesas de coordinación para definir los detalles del mecanismo, con la participación de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y áreas de inteligencia.
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