Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue aceptado en calidad de testigo cooperante por autoridades estadounidenses, informó una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos a medios nacionales.
De acuerdo con la información difundida, el exfuncionario entregó información inicial a las autoridades para integrarse bajo esa figura dentro del sistema de detención federal estadounidense.
Además, podría recibir protección especial si se determina que su vida se encuentra en riesgo.
¿Qué pasó con Gerardo Mérida en Estados Unidos?
El exsecretario sinaloense fue detenido el pasado 11 de mayo de 2026 tras ingresar a Estados Unidos por la garita de Nogales, Arizona.
Posteriormente fue trasladado bajo custodia del US Marshals Service hacia el Distrito Sur de Nueva York.
Antes de su traslado, compareció ante una corte estadounidense donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
Actualmente aparece recluido en el MDC Brooklyn, una prisión federal de seguridad administrativa.
¿De qué acusan a Gerardo Mérida Sánchez?
Las autoridades estadounidenses lo acusan de participar en una presunta conspiración de narcotráfico relacionada con el tráfico de:
- fentanilo
- cocaína
- heroína
- metanfetaminas
Según la acusación presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exfuncionario habría colaborado con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.
¿Qué dicen las autoridades de EU sobre los presuntos sobornos?
La acusación sostiene que Gerardo Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos.
A cambio, presuntamente proporcionaba información anticipada sobre operativos y redadas de fuerzas de seguridad contra laboratorios de drogas.
De acuerdo con el expediente, durante 2023 y 2024 habría alertado sobre al menos 10 operativos, permitiendo que integrantes del grupo criminal escaparan antes de los cateos.
¿Quiénes más aparecen en la acusación?
El expediente judicial estadounidense también menciona al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con actividades de protección al narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses aseguran que funcionarios corruptos habrían facilitado acceso a información sensible sobre investigaciones y operativos militares.
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