La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que en México no se adoptará ninguna regulación que permita al gobierno revisar comunicaciones privadas de manera masiva, como ocurre en una legislación discutida en Europa. Reafirmó que la privacidad de la ciudadanía es una prioridad y que cualquier intervención en mensajes o dispositivos electrónicos únicamente puede llevarse a cabo con autorización de un juez.
Sobre la CURP biométrica, explicó que todo proceso es voluntario y requiere consentimiento expreso, por lo que las instituciones no podrán iniciar trámites sin la aprobación de la persona titular de los datos. Lo mismo aplicará para el manejo de información vinculada a tarjetas SIM y otros registros personales.
Sheinbaum también precisó que la base de datos de números telefónicos continuará en manos de las empresas de telecomunicaciones, no del Gobierno federal. Solo podría compartirse con autoridades si existe un proceso legal vigente y autorización judicial.
Con estas definiciones, el Gobierno federal busca cerrar la puerta a prácticas de vigilancia sin control judicial y mantener la protección de datos personales como un principio rector.
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