La Cámara de Diputados dio luz verde a una polémica reforma propuesta por Morena y sus aliados: desde ahora, cualquier persona que pague una renta mensual de $15,000 pesos o más podrá ser investigada por presunto lavado de dinero.
La medida también faculta a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Hacienda para acceder directamente a la información financiera de cualquier ciudadano, sin necesidad de una orden judicial.
Aunque se presenta como un esfuerzo para combatir delitos financieros y frenar al crimen organizado, especialistas advierten que la reforma podría poner en riesgo derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia, alcanzando incluso a quienes están al corriente con sus obligaciones.
Además, la nueva normativa otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la posibilidad de monitorear movimientos bancarios, tarjetas de crédito y pagos electrónicos sin autorización judicial.
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