«Temo por mi vida y la de mi hijo», denuncia Lucero Ojeda Pérez, quien asegura ser víctima de una campaña de hostigamiento y persecución orquestada por su exesposo, Vicente F. R, actual director de Licencias de Bebidas Alcohólicas del gobierno de Quintana Roo.
Ojeda Pérez lanzó un llamado urgente a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y al fiscal Raciel López, pidiendo frenar los abusos en su contra y la destitución de Franco, a quien acusa de utilizar recursos públicos y su posición en el gobierno para atacarla, incluso con policías a bordo de patrullas oficiales.
El fin de semana pasado, en dos ataques diferentes que se cometieron afuera de la casa de su mamá un grupo de personas no identificadas roció de gasolina su vehículo y le prendieron fuego, pero un vecino logró controlarlo a tiempo. El segundo ataque, al mismo vehículo, fue este lunes poco antes del amanecer, la unidad presenta 7 impactos de arma de fuego y en el portón de la casa quedó incrustado un casquillo.
Un matrimonio marcado por el abuso y la violencia
Con los nervios a flor de piel, temerosa pero dispuesta a levantar la voz, Lucero concedió una entrevista en una casa de seguridad donde su equipo legal la mantiene resguardada, en espera de que se apliquen medidas cautelares más severas al tratarse de un funcionario público que en este momento es señalado por tentativa de feminicidio.
Lucero y Vicente se casaron siendo menores de edad. Durante 17 años, según su testimonio, sufrió violencia psicológica, física y económica. «Al principio parecía accesible al divorcio, pero cuando me negué a aceptar sus condiciones abusivas, todo cambió», relata.
Desde ese momento, asegura que su exesposo inició una serie de represalias, incluyendo amenazas, denuncias falsas y manipulaciones legales para arrebatarle la custodia de su hijo, de tan sólo 6 años de edad.
Ella explica que el problema principal está relacionado con la repartición de bienes y la guardia y custodia del menor de sus dos hijos, se casaron por bienes mancomunados y al momento de interponer la demanda de divorcio le presentó un documento donde quería obligarla a renunciar a todas las propiedades del matrimonio, pero ella se negó.
De amenazas a atentados con armas de fuego
El pasado sábado, su vehículo fue incendiado afuera de la casa de su madre. «Un vecino logró sofocar las llamas con un extintor. No moví el auto para no perder evidencias». Al lunes siguiente, mientras ella asistía a una audiencia judicial, su madre le llamó para avisarle que su auto fue baleado, justo a la hora que ella debía llevar a su hijo a la escuela.
«Mi madre, una mujer enferma y de la tercera edad, tuvo que enfrentar sola el terror de ver el coche destrozado a tiros», denuncia.
Por recomendaciones de una amiga pasó la noche en un domicilio seguro, si hubiera seguido su rutina habitual ella y su hijo estarían camino a la escuela en el vehículo que recibió los impactos de bala justo en el asiento del piloto.
Ojeda Pérez afirma que estos ataques no son aislados. «Me han perseguido, detenido arbitrariamente, me han fabricado denuncias y han intentado sembrarme pruebas para encarcelarme».
Una detención planeada
El 6 de octubre de 2024, Lucero fue detenida por la Policía Municipal de manera sospechosa. Asegura que dos agentes la esperaban desde las 14:40 horas afuera del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), donde su hijo tiene visitas supervisadas con su padre.
«Uno de los oficiales sacó una mochila con un celular en la mano. Ahí estaba el arma que iban a sembrarme», denuncia.
Minutos después, al momento de su detención, una camioneta Tahoe gris, recién adquirida por su exesposo, pasó por el lugar, mientras los oficiales la acusaban de conducir un vehículo supuestamente involucrado en un robo.
«No había reporte en el C5, era un montaje», asegura.
Solo la intervención de su abogado logró su liberación. Pero la persecución no terminó: «Los oficiales regresaron a CECOFAM, donde estaba estacionada la camioneta de Vicente Franco. Era claro que su plan no funcionó como esperaban».
Presentó denuncia y gracias a varias grabaciones y las investigaciones internas lograron establecer que los dos policías estaban involucrados y fueron separados del cargo. Ambos están bajo investigación.
Un llamado desesperado a las autoridades
Lucero exige justicia. «No quiero ser un caso más de feminicidio en Quintana Roo», advierte. Pide a la gobernadora Mara Lezama que actúe de manera inmediata, que investigue a fondo y que detenga el uso de influencias y recursos públicos para violentarla.
«Hago responsable a Vicente Franco de cualquier cosa que me suceda a mí, a mis hijos, a mi madre, a mi familia y a mis abogados. No voy a callar, pero necesito protección», finaliza.
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