La alcaldía de Tláhuac destinó en enero de 2024 casi dos millones de pesos a la compra de vara de perlilla, un material vegetal utilizado para la fabricación de escobas empleadas en el barrido de calles. La adquisición, realizada mediante adjudicación directa por la Jefatura de Unidad Departamental de Limpia, se formalizó con la empresa Acasmo S.A. de C.V. y fue registrada bajo el contrato 300C81000-523-2024, con un monto total de 1,999,620 pesos.
La firma del contrato se realizó el 10 de enero, con vigencia inmediata. El gasto fue justificado como necesario para equipar al personal de limpia adscrito al área de servicios urbanos. Sin embargo, a pesar de la inversión, Tláhuac presentó uno de los niveles más bajos de atención ciudadana en servicios de limpieza.
Bajo cumplimiento de solicitudes ciudadanas
De acuerdo con datos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), entre enero y junio de este año, la alcaldía solo dio respuesta al 32.4% de las solicitudes vecinales relacionadas con limpieza urbana. El 67.6% restante permaneció sin atención, afectando directamente a diversas colonias del territorio.
Entre las peticiones más frecuentes figuraron reportes por acumulación de basura, falta de escobas, y calles sin barrido. La falta de acción preventiva se evidenció con la llegada de las primeras lluvias intensas de junio, cuando se registraron encharcamientos y desbordamientos de agua negra en colonias como La Habana, Ampliación Selene y Del Mar.
Coladeras bloqueadas y barrido deficiente
Vecinos denunciaron que muchas alcantarillas se encontraban obstruidas por residuos sólidos y escombros acumulados. Personal de limpia acudió posteriormente para retirar el material junto con habitantes organizados, aunque los daños por las inundaciones ya habían afectado viviendas, calles y banquetas.
A pesar de la compra de vara de perlilla, no se identificó una campaña amplia de barrido urbano en las zonas afectadas. Trabajadores señalaron que muchas de las escobas disponibles estaban en mal estado y que no recibieron herramientas nuevas sino hasta finales de marzo. Algunos operarios compartieron escobas entre varios turnos para cubrir rutas completas.
Contrato sin licitación pública
La empresa Acasmo S.A. de C.V. obtuvo el contrato sin licitación pública, bajo el argumento de “urgencia operativa”. No se incluyó en el contrato información detallada sobre la cantidad de piezas entregadas, su distribución por zonas ni su vida útil estimada. El lote adquirido fue almacenado en las bodegas de la Dirección General de Servicios Urbanos.
Durante las lluvias del 3 y 4 de junio, se reportaron anegaciones severas en avenidas principales como Tláhuac y Guillermo Prieto. Servicios de emergencia atendieron casos de vehículos atrapados y domicilios con filtraciones por el desbordamiento de aguas negras. Los reportes apuntaron a la falta de mantenimiento preventivo en la red de drenaje.
Falta de supervisión y seguimiento
Cuadrillas de limpia trabajaron sin un sistema de supervisión centralizado. Operadores relataron que en algunos turnos no se distribuyeron escobas suficientes, lo que generó inconsistencias en las rutas de limpieza. Habitantes de San Francisco Tlaltenco y Zapotitla reportaron que sus solicitudes en el SUAC aparecían como “canceladas por el área” sin explicación visible en la plataforma.
En varias zonas, los residuos sólidos permanecieron en la vía pública por semanas, generando acumulación de desechos, presencia de fauna nociva y deterioro urbano. La percepción de abandono se incrementó en sectores periféricos.
Opacidad en el proceso de compra
El contrato de vara de perlilla no incluyó anexos técnicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tampoco se publicaron detalles sobre el procedimiento de adjudicación directa ni los criterios usados para seleccionar a la empresa proveedora. El Comité de Adquisiciones de Tláhuac no emitió acta pública del fallo ni supervisión documentada del proceso.
La empresa contratada no figura en otros registros de compras similares realizadas por otras alcaldías. Hasta el momento, la Contraloría General de la CDMX no ha emitido observaciones públicas sobre el gasto realizado en esta adquisición.
Organizaciones civiles han solicitado auditorías al uso de recursos públicos y mecanismos de evaluación para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios básicos en la demarcación. La normativa vigente obliga a las alcaldías a cubrir servicios urbanos esenciales, pero no contempla sanciones específicas por incumplimientos operativos como los reportados.
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