La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinaron que la presencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores, y de Colima, Indira Vizcaíno así como el canciller Marcelo Ebrard en mítines de campaña en Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas apoyando las candidaturas de Morena, afectó la equidad en esas elecciones, así lo informó Milenio Noticias
En el caso del secretario de Relaciones Exteriores, participó en un evento de Américo Villarreal en Tamaulipas, aunque se declaró que no incurrió en uso indebido de recursos públicos porque no usó su cargo como funcionario del gobierno federal.
Claudia Sheinbaum asistió el 24 de abril a un acto de campaña en Quintana Roo en donde habló a favor de la entonces candidata de Morena a la gubernatura, Mara Lezama, y de Angélica Mercado, candidata a diputada local por el distrito 10, lo que provocó una violación a los principios de imparcialidad y equidad.
Los mismos ilícitos electorales se acreditaron por participar en mítines del candidato a la gubernatura de Hidalgo, Julio Menchaca, el 8 de mayo, junto con las gobernadoras de Colima y Campeche, así como la senadora Martha Lucía Micher.
Para las primeras tres funcionarias “se acreditó el beneficio que el candidato tuvo con la asistencia de las referidas servidores públicas a sus eventos de campaña”.
Mientras que Malú Micher no vulneró ninguna normativa “ya que su asistencia y participación se encontraba dentro de los límites contemplados en la bidimensionalidad (convive su carácter de miembro de algún órgano legislativo con su afiliación o simpatía partidista) de la que gozan las personas que integran los órganos legislativos y que les permite asistir a este tipo de eventos”.
Además, se llevaron a cabo dentro del periodo de receso legislativo y no forma parte de la Comisión Permanente”. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó dar vista a los congresos de la Ciudad de México, Campeche y Colima para que proceda sobre las responsabilidades de las titulares del Ejecutivo; y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el caso del canciller.
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