Los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina continúan fuera de control y ya han consumido cerca de 2 mil hectáreas de vegetación, en medio de una emergencia que obligó a evacuar a más de 3 mil turistas y que ha detonado una ola de críticas contra el presidente Javier Milei por el manejo de la situación.
Desde el lunes, las llamas se han extendido por amplias zonas de la Comarca Andina, uno de los principales corredores turísticos del sur del país. Brigadistas y bomberos advierten que la magnitud del frente de fuego y la dispersión de los focos activos dificultan las tareas de contención, a pesar del despliegue de más de 350 combatientes y el uso de medios terrestres y aéreos.
De acuerdo con autoridades de la provincia de Chubut, una de las más afectadas, los trabajos se realizan con apoyo de helicópteros, aviones anfibios y camiones cisterna, aunque las condiciones climáticas de sequía y vientos intensos han favorecido la rápida propagación del fuego. Incendios activos también se reportan en las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Río Negro.
En este contexto, gobernadores y sectores sociales han cuestionado al gobierno federal por lo que consideran una respuesta tardía y falta de recursos para la prevención y combate de incendios forestales, en un país que apenas el año pasado sufrió los peores siniestros de las últimas décadas en la región patagónica.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló además que existen indicios de que al menos uno de los incendios fue provocado de manera intencional y anunció una recompensa para quienes aporten información que permita dar con los responsables. La fiscalía investiga el posible uso de acelerantes, lo que reforzaría la hipótesis de un incendio deliberado.
Mientras tanto, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó alerta roja por peligro extremo de incendios en ocho provincias del centro y sur de Argentina. Las autoridades advirtieron que la temporada de verano austral, marcada por altas temperaturas, sequía y fuertes vientos, mantiene latente el riesgo de nuevos focos, lo que agrava la tensión política y social en torno a la gestión de la emergencia.
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