Luego de un breve debate con posturas muy definidas entre la mayoría y la oposición, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, promover demanda de controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas, y así evitar que se pueda proteger al gobernador de esa entidad para que no proceda el desafuero solicitado en su contra.
Esta acción fue provocada por la aprobación en el Congreso de aquel estado del Punto de Acuerdo por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones, es decir, que ellos tuvieran las mismas facultades en materia de desafuero que el Congreso federal y fueran quienes determinaran si procede o no.
Lo anterior en referencia clara al caso del juicio de procedencia o desafuero que la Cámara de Diputados lleva a cabo en contra del gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca investigarlo por delitos de delincuencia organizada.
A favor del acuerdo para presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), votaron la bancada de Morena y aliados, PT, Encuentro Social y Partido Verde, al igual que los diputados de oposición de Movimiento Ciudadano.
En tanto, en contra se pronunciaron el PAN y PRD, mientras que la gran mayoría de los integrantes del PRI votaron en abstención; al avalarse por mayoría, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, instruyó a que se comunicará formalmente a la SCJN, así como al Congreso local referido.
De acuerdo con el documento avalado, se pide conceder la suspensión solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la materia, a efecto de no se materialicen los efectos de dicho punto de acuerdo por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso de Tamaulipas, argumentando que, dicho Acuerdo trasgrede la Constitución al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia contra servidores públicos.
Señala que al permitir que el Congreso de aquella entidad pueda llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, implicaría dejar de manera concreta o material sin efecto el procedimiento substanciado ante la Cámara de Diputados, situación que no es posible porque dicho procedimiento no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente, toda vez que la Constitución determina que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son inatacables.
“Lo que implica que la resolución que emita la Cámara de Diputados, en dichos procedimientos no aceptan medio de impugnación alguna incluido el juicio de amparo por lo que, si bien esas resoluciones tienen efecto declarativo, es necesario remitirlas al Congreso local para que inicie el procedimiento de ejecución a efecto de poner a disposición de la autoridad ministerial al servidor público de mérito”, se lee en el documento.
Durante el debate la bancada del PRD resaltó que la controversia afecta los principios federalistas, pues indicaron que el gobernador García Cabeza de Vaca fue electo por los tamaulipecos, y son ellos quienes deben decidir si pierde el fuero o no. “Nos encontramos convencidas y convencidos de que quien otorga el fuero, tiene la facultad de quitarlo, el que pone quita y es por ello que a pesar de lo expresado en la presente controversia, creemos indispensable salvaguardar los fundamentos de nuestro régimen federalista, por lo que votaremos en contra”, apuntó el diputado Antonio Ortega.
Mientras que la fracción del PAN, retomó el argumento de que el gobernador García Cabeza de Vaca sólo puede ser destituido por sus gobernados y la Cámara no puede desconocer las facultades de los congresos estatales, por lo que acusaron que el desafuero y la controversia constitucional tiene fines político electorales; afirmaron que lo determinado por los parlamentarios locales no invade las facultades exclusivas en San Lázaro, sino que precisa reglas procesales.
“Que no se les olvide, a los gobernadores los ponen y los quitan sus electores. Con la presentación de la controversia no solo se pretende desconocer la facultad soberana de una entidad federativa, ha quedado evidenciado que forma parte de una estrategia electoral, para ir en contra de un gobernador electo legítimamente, que ha comparecido puntualmente en tanto a esta Cámara de Diputados como a las instancias competentes, a desvirtuar las acusaciones que se le han señalado, y que lejos de actuar conforme al debido proceso, se han presentado vicios procedimentales para lucrar políticamente con el tema”, sostuvo el panista Juan Rivera.
Por parte de la bancada de mayoría y sus aliados señalaron que los legisladores locales se extralimitaron en sus funciones, invadieron competencias exclusivas de la Cámara de Diputados y en los hechos, buscan dar impunidad al gobernador señalado por la FGR, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada.
Tras aclarar que la Cámara no prejuzga ni juzgará al gobernador tamaulipeco, sino que sólo se pronunciará respecto a si hay elementos o no que justifiquen retirarle el fuero, con el fin de que el Ministerio Público proceda en consecuencia; fueron tajantes en señalar que sus decisiones en materia de declaración de procedencia, en términos constitucionales son inatacables.
Con información de Quadratín
Notifica Cámara de Diputados a Cabeza de Vaca sobre inicio de desafuero
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