Ricardo Pérez, conocido por La Cotorrisa, vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, su nombre se encuentra ligado a una demanda penal por presunto acoso y abuso sexual, interpuesta por la influencer Jesica Bustos.
La denuncia contra Ricardo Pérez
Según información compartida por TVNotas y otros medios, Jesica Bustos —esposa del influencer Xuxo Dom— presentó una denuncia penal en contra de Ricardo Pérez y otros integrantes de La Cotorrisa. La influencer asegura que durante la grabación de uno de los episodios del programa se emitieron comentarios y burlas que, según la demanda, vulneraron su dignidad y derechos.
El episodio en cuestión habría incluido expresiones que la parte denunciante considera como acoso y abuso sexual, además de hostigamiento y denigración pública. La controversia escaló luego de que el propio Xuxo Dom expresara públicamente su postura sobre lo ocurrido.
“Ricardo no es empático, es hipócrita. No tiene la madurez para decírmelo, ni aceptar lo que hicieron. No es nuestra culpa que hayan sexualizado a mi mujer. La apoyé y la acompañé a denunciar, si decide que puedan pisar la cárcel, ¡hasta donde tope!”, declaró el esposo de Jesica.
Poco después de que se diera a conocer la denuncia, el episodio señalado fue retirado de las plataformas. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de los señalados, el retiro del contenido ha llamado la atención del público y los medios.
La parte denunciante busca con la demanda una reparación de daños, alegando que Jesica Bustos habría sufrido consecuencias emocionales y pérdidas económicas derivadas del impacto mediático del episodio.
Este nuevo escándalo surge en medio de otros conflictos que ya rodeaban a Ricardo Pérez. En días anteriores, el comediante protagonizó un pleito con la prensa y enfrentó acusaciones mediáticas relacionadas con una supuesta infidelidad hacia Susana Zabaleta.
Posibles consecuencias legales
El abogado de Jesica Bustos informó a medios que, de comprobarse los hechos señalados, los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por presuntos delitos de abuso sexual y acoso agravado.
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