El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios a testigos del caso Ayotzinapa, en los que se observa a funcionarios públicos sometiendo a tortura a varios de los informantes que supuestamente estaban involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
Este material forma parte del robusto expediente que fue construido en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta “manipulación masiva y sistemática” de las evidencias para fabricar la llamada “verdad histórica”.
Los interrogatorios fueron realizados entre octubre de 2014 y enero de 2015, y su propósito no era arrancarles información fidedigna a los sospechosos (incluidos todos los que fueron enviados ante la prensa), sino “desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir, desligarlos de lo que sabían que pasó para convertirlos en “repetidores de la versión” de los entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
De acuerdo con los funcionarios consultados, el mismo Zerón, Gualberto Ramírez –jefe de antisecuestros–, otros funcionarios de la PGR y miembros de las fuerzas de seguridad, e incluso abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos aparecen en los videos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones u observando sin objetar.
La investigación oficial incluye un peritaje internacional que corrobora que la voz que se escucha en varios de los videos es de Tomás Zerón.
Además de tortura, el expediente documenta montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.
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