Algunas fuentes estiman que el número de personas usuarias de redes sociales es de aproximadamente 3.8 billones: cerca del 50% de la población mundial. Por sí mismo, Facebook, que apareció en su primera versión en 2004, cuenta hoy con alrededor de 2 mil 700 millones de registros.
Un crecimiento tan acelerado difícilmente puede ser ordenado, por eso se han generado negocios paralelos al crecimiento de las redes sociales, como la venta de bots, utilizados para desinformar y atacar a personas usuarias, o la incitación a la violencia y al odio, generando conflictos que el Estado tiene que resolver.
La aparición de estas desviaciones ha llevado a que las redes sociales busquen autorregularse, acciones que, aunque loables, muchas veces han llegado tarde.
A esto se sumó recientemente la decisión de Facebook y Twitter de censurar al presidente Trump, a días de que concluyera su encargo, lo que demostró la discrecionalidad de estas plataformas y los riesgos que la libertad de expresión enfrenta en ellas. Se trata de un balance complicado, pues por un lado las redes sociales deben eliminar las publicaciones potencialmente dañinas, y por otro deben respetar la libertad de expresión, un dilema ante el cual los gobiernos no pueden permanecer indiferentes.
En Estados Unidos, la Primera Enmienda tutela la libertad de expresión frente al Gobierno, pero no frente a una empresa privada. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países, aunque algunos han intentado generar regulaciones para tratar de limitar el poder y definir las responsabilidades de las redes sociales.
Alemania, por ejemplo, aprobó la Ley de Aplicación de Redes, en la que obliga a las redes sociales a retirar el contenido ilegal en un plazo máximo de 24 horas; en caso contrario, las empresas podrán ser acreedoras a multas de hasta 50 millones de euros.
En Francia se aprobó la Ley Avia, con la cual se imponía a buscadores y redes sociales la obligación de eliminar el contenido manifiestamente ilegal. Esta normatividad fue desechada por el Poder Judicial galo, pero derivó en que la Unión Europea iniciara un proceso de legislación regional.
Más recientemente, el Gobierno de Estados Unidos ha expresado su intención de modificar la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, legislación federal que otorga a las empresas de internet protección contra la responsabilidad por el contenido generado por personas usuarias que se difunde en sus plataformas.
En México, aunque la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, no existe un mecanismo claro para que la ciudadanía se pueda defender cuando este derecho es violentado por una empresa, como sí ocurre, por ejemplo, con los juicios de amparo ante los abusos del Estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en diversos criterios que la libertad de expresión es pilar de un Estado constitucional y democrático de derecho. Asimismo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión dispone que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que este solo admite limitaciones excepcionales que deben estar previamente establecidas por la ley.
La evolución misma de las redes sociales ha dejado en claro que el derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio debe ser tutelado para su ejercicio eficaz, mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo, sino como herramienta para su potencialización. De esta manera, la única forma correcta y democrática de protegerlo es por la vía legislativa.
Conviene recordar que las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio mediante redes públicas de telecomunicaciones y, al estar estas últimas sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación se debe implementar a través de las normatividades correspondientes.
La velocidad vertiginosa con que las redes sociales evolucionan no debe ser un obstáculo para atender las nuevas problemáticas que se puedan generar; se trata de un tema ineludible que muchos países ya empezaron a discutir, y México no puede ser la excepción.
Es también necesario recordar que, junto con la libertad de expresión, los gobiernos deben garantizar la protección de los datos personales de quienes utilizan las redes sociales, así como impulsar la justa tributación a la que éstas deberían estar sujetas, toda vez que en México generan gran parte de sus ganancias. Ese es el reto que enfrentamos para ordenar el caos.
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