El Boletín Oficial de la Federación divulgó este jueves la prórroga del servicio de regularización de automóviles de origen extranjero hasta el 30 de septiembre próximo.
Esta medida gubernamental es llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con los gobiernos de 17 estados, para legalizar la permanencia de vehículos fabricados antes de 2018, exclusivamente aquellos que ya se encuentran en territorio mexicano.
Recientemente, durante una rueda de prensa, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron la extensión del plazo hasta el final del periodo presidencial.
En el comunicado se detalla que la demanda de personas que buscan regularizar sus vehículos sigue siendo alta, por lo tanto, se considera necesario prolongar la disponibilidad del servicio hasta septiembre de 2024.
Asista a su cita en los centros de Registro Público Vehicular (REPUVE) de su estado llevando consigo la documentación requerida.
El propósito principal de esta acción es regularizar la situación de los vehículos importados de forma no oficial, especialmente aquellos fabricados antes del año 2018. Existe una demanda considerable de personas interesadas en este proceso, lo que ha llevado a las autoridades a extender el plazo para llevar a cabo este trámite hasta el 30 de septiembre de 2024.
Para iniciar el proceso de regularización, los interesados deben seguir un procedimiento que comienza con la solicitud de una cita a través del portal web proporcionado por la SSPC. Posteriormente, deben acceder al sitio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener una línea de pago y efectuar el correspondiente pago de 2 mil 500 pesos. Por último, con la cita programada y los documentos necesarios en mano, los solicitantes deben dirigirse a los centros del Registro Público Vehicular (REPUVE) en su estado para completar el procedimiento.
Esta medida no solo pretende legalizar la situación de estos vehículos, sino también fortalecer el control vehicular en el país, mejorar la seguridad en las carreteras y, posiblemente, aumentar la recaudación fiscal a través del pago de los derechos correspondientes a la regularización.
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