En una propuesta inédita, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para sancionar penalmente la falsa atribución de paternidad, es decir, cuando una mujer declara como padre de su hijo a un hombre que no es el progenitor biológico, con el objetivo de obtener beneficios económicos.
La propuesta fue presentada por el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, quien plantea añadir un nuevo artículo, el 390 Ter, al Código Penal. Este establecería castigos para dos tipos de conducta:
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Registrar o intentar registrar a un menor adjudicando falsamente la paternidad a un hombre que no corresponde.
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Utilizar la existencia de un hijo para transferir, ocultar o adquirir bienes o ingresos económicos en perjuicio de otra persona.
De aprobarse, estas acciones serían castigadas con:
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Entre 1 y 5 años de prisión.
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Multas que van de 100 a 1,000 días de salario mínimo, es decir, entre 27,880 y 278,800 pesos.
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Devolución del daño económico causado, como el reembolso de pensiones alimenticias pagadas por el hombre afectado.
El legislador sustentó su iniciativa en estudios internacionales. Citó, por ejemplo, un análisis británico que estima que 1 de cada 50 hombres podría haber criado a un hijo que no es biológicamente suyo sin saberlo. Según Núñez, esta práctica representa una forma de abuso que afecta los derechos del hombre, pero también al desarrollo del menor involucrado.
Desde su presentación, la propuesta ha provocado un intenso debate. En redes sociales, algunos aplauden la medida como una forma de proteger el patrimonio masculino, mientras que otros advierten sobre el riesgo de criminalizar a mujeres en casos de disputas familiares o de filiación.
Organizaciones civiles y usuarias en redes sociales han señalado que el sistema judicial en México no siempre garantiza procesos justos para las mujeres, especialmente en temas relacionados con violencia, manutención y derechos de custodia, por lo que temen que la ley sea usada de forma revictimizante.
Además, expertos en derecho familiar y penal han cuestionado si la vía punitiva es la adecuada para abordar este tipo de controversias, al tratarse de temas sensibles que suelen requerir pruebas de ADN y pueden tener múltiples aristas legales, emocionales y sociales.
A pesar de ello, la propuesta ya se encuentra en la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos meses sea discutida en comisiones legislativas, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la legislación mexicana en torno a los derechos de paternidad y responsabilidad familiar.
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